¿Cómo nos afecta la Ley de Transparencia?

DEBATE EN EL INSTITUTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

El próximo 28 de octubre, el Instituto de Responsabilidad Social del Club Asturiano de Calidad, con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, y la colaboración de Fundación CTIC, organiza el desayuno de trabajo titulado “¿Cómo nos afecta la Ley de Transparencia?”, en el que se debatirá sobre dicha legislación y su impacto tanto en las empresas como en los organismos de la Administración Pública.

Durante la sesión, se presentarán los aspectos claves de dicha Ley, por parte de Dña. Melania Álvarez, Directora General de Participación Ciudadana, y D. Ángel Luis Cabal Cifuentes, Director General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Seguidamente, se presentarán soluciones prácticas para abordar esos compromisos, con la participación de D. Jesús García, Coordinador en W3C de CTIC, D. Alfonso de Carlos, Gerente de GISPASA, y Dña. Gema Caramés, del Club Asturiano de Calidad.

Para finalizar se producirá un debate sobre la Ley, su impacto en las organizaciones asturianas y las opciones prácticas planteadas, con la participación de Dña. Mónica Pomar, Directora de Consultoría de PFS Grupo, D. Ignacio García Matos, Socio Vaciero Abogados - Derecho Administrativo y D. Ángel Luis Cabal Cifuentes, Director General de TIC del Principado de Asturias.

JESÚS GARCÍA RESPONSABLE DEL ÁREA DE ESTÁNDARES W3C Y ACCESIBILIDAD DE FUNDACIÓN CTIC

“La transparencia debe verse como una oportunidad para generar confianza"

Chus García en la sede de CTIC

–A finales del año pasado se puso en marcha del portal de transparencia nacional en aplicación de la Ley de Transparencia ¿Cómo está yendo el proceso?

–En diciembre de 2014 arrancó el portal transparencia.gob.es en el que se publicaba la información de transparencia a nivel de estado y para diciembre de este año deberán estar disponibles los portales de transparencia de resto de entidades incluidas en la ley.

El proceso no está siendo fácil ni rápido, principalmente porque la transparencia modifica conceptos y prácticas que están profundamente arraigadas en la cultura de la administración. A lo anterior tenemos que sumar que se está haciendo con lo “puesto”, es decir, sin que se haya habilitado un presupuesto específico, realidad que se nota sobre manera en el caso de organismos de reducido tamaño, complicando su puesta en marcha debido a que a las tareas que ya había se suman las derivada de la transparencia.

En definitiva y a diferencia de otros países con leyes y cultura de transparencia de siglos, la nuestra tiene escasamente un año y eso se nota en las inercias, que cambian pero despacio. 

–¿Están siendo los organismos suficientemente transparentes?

–La transparencia, al margen de una obligación recogida en la ley, debe entenderse como una oportunidad para generar confianza, algo que no nos sobra hoy en día. No olvidemos que la corrupción y el fraude siguen estando entre las mayores preocupaciones de la ciudadanía y por tanto, más que gestionar la confianza tenemos que hablar y por desgracia que nos “toca” tratar la desconfianza, y en ese sentido la transparencia es un aliado. Por tanto la respuesta es que deberían ser más transparentes.

La confianza se basa en la seguridad y la certeza y ambas se alcanzan cuando tenemos información suficiente sobre lo que la otra parte hace y conocimiento sobre cómo lo hace. Eso es sencillamente lo que se busca con la ley de transparencia: proporcionar conocimiento de dos formas. La primera conocida como transparencia proactiva, en el que la entidad pone a disposición del público aquella información que le exige la ley, y una segunda fase reactiva, en la que si con la información anterior no es suficiente, se nos da la posibilidad de solicitar más información.
Como novedad, la ley establece que no es necesario motivar la solicitud de información y se detallan además los tipos de información excluidos, entendiéndose que el resto debería resolverse positivamente.

–¿Qué tipo de organismos tienen que poner en marcha sus portales de transparencia al final del año?

–El resto de organismos públicos y del sector público no incluidos en la anterior fecha, es decir, administración pública y órganos dependientes del ámbito autonómico, provincial y local, a los que se suman otros organismos como partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Por último se incluye también el grupo de entidades privadas que reciben ayudas o subvenciones.

Algunos organismos ya han hecho sus deberes con tiempo y han adelantado la publicación de sus portales de transparencia, pero son excepciones. La mayor parte espera hacerlo con la entrada en vigor la ley en diciembre.

–¿Qué es el Open Data y qué relación tiene con la transparencia?

–La publicación de datos abiertos u Open Data busca aprovechar la gran cantidad de datos que las administraciones públicas manejan y ponerlos a disposición del público de forma que cualquiera pueda utilizarlos, para lo cual que deben ser publicados en formatos abiertos y fácilmente reutilizables (abstenerse PDF).

Hablamos de datos muy diversos, por ejemplo, la cantidad de tráfico que pasa por una carretera, los niveles de contaminación y polen de una ciudad o donde están situados los parkings y las plazas libres y, en todo caso, se excluye aquello que tenga que ver con la protección de datos personales. 

Como ejemplo cercano y destacado de portal open data que además está a la cabeza de las iniciativas españolas, cabe citar el del ayuntamiento de Gijón (http://transparencia.gijon.es/). 

Entre los principales beneficios derivados del open data se encuentra el valor económico que se consigue por la mera reutilización de esos datos, y la transparencia. De ahí la relación de la transparencia con el open data y que para nosotros se convierte en una máxima: la verdadera transparencia implica la publicación de la información junto con los datos que generan dicha información y es esta publicación de datos en formato open data la que garantiza el cumplimiento de uno de los principios de la ley más complejos, la interoperabilidad. 

Dado que CTIC se encuentra entre los organismos incluidos en la ley, el año pasado nos pusimos manos a la obra a desarrollar un portal de transparencia propio que evolucionamos para convertirlo en una plataforma genérica de transparencia aplicable a cualquier tipo de entidad.

PeTRAS, siglas de la Plataforma electrónica de Transparencia, es una sistema “en la nube” cuyo objetivo es facilitar que las entidades obligadas por la ley abran su “espacio web de transparencia” con la información que la ley exige (organigrama, contratos, subvenciones, cuentas…). El sistema apoya y pauta el proceso de publicación de información poniendo especial énfasis en cumplir con los principios técnicos que la ley impone: calidad, accesibilidad, facilidad de interpretación y uso de la información a través datos apoyados en visualizaciones, disponible en cualquier dispositivo y, por supuesto, con la publicación de formatos abiertos (open Data).